Por: Margarita Carbajal Carmona
Presidenta Fundadora FETUR Nacional

Durante el último año, el concepto de soberanía ha comenzado a ocupar un lugar más visible en las conversaciones sobre turismo. No como consigna ni como etiqueta, sino como una pregunta de fondo sobre quién controla, interpreta y utiliza los datos que describen el movimiento de personas, el consumo en los destinos y el comportamiento del viajero. En ese contexto, lo que hoy ocurre en la Unión Europea no resulta anecdótico, sino ilustrativo de una tendencia más amplia.

En Europa, la discusión sobre soberanía de datos no surgió de una sola iniciativa ni se resolvió con una ley sectorial inmediata. Se construyó como un proceso gradual que partió del reconocimiento de los datos como infraestructura estratégica, avanzó hacia marcos de gobernanza transversales y solo después comenzó a aterrizarse en sectores específicos como el turismo. Antes de regular una actividad, se priorizó la creación de capacidades para entenderla, coordinarla y operarla. Esa secuencia es relevante porque muestra que la regulación no suele ser el punto de partida, sino una consecuencia de estructuras que ya funcionan.

Esta lógica resulta especialmente pertinente para el turismo. Los datos turísticos no existen de forma abstracta ni homogénea. Se generan en el territorio, en los municipios, en los hoteles, en el transporte, en los atractivos y en la interacción cotidiana con el visitante. Son fragmentados, locales y profundamente dependientes del contexto. Intentar regular ese ecosistema sin una articulación previa suele producir marcos normativos bien intencionados, pero difíciles de ejecutar en la práctica.

Visto desde ahí, la soberanía de datos turísticos deja de ser un concepto ideológico y se vuelve una cuestión operativa. Si un país quiere tomar decisiones informadas sobre su actividad turística, necesita primero estructuras de inteligencia que le permitan leer su propio comportamiento. No para centralizar información por reflejo, sino para coordinarla. No para vigilar, sino para comprender. La capacidad de generar inteligencia turística útil es el paso previo para cualquier conversación seria sobre regulación.

Es en este punto donde cobran sentido las subsecretarías estatales y las subdirecciones municipales de inteligencia turística. No como capas administrativas adicionales, sino como nodos funcionales de un sistema que ocurre en campo. El turismo se vive y se gestiona en los destinos, y es ahí donde se capturan los datos, se detectan cambios en la demanda y se identifican tensiones y oportunidades. Sin una mínima articulación a ese nivel, cualquier aspiración de soberanía de datos se queda en el discurso.

La experiencia europea refuerza esta lectura. Antes de avanzar hacia marcos legales más específicos, fue necesario definir quién coordina, bajo qué estándares, con qué criterios de interoperabilidad y con qué responsabilidades compartidas. En turismo, esa lógica apunta naturalmente a una estructura multinivel donde el ámbito federal define lineamientos generales, los estados articulan regiones y mercados, y los municipios sostienen el pulso cotidiano del destino. No se trata de fragmentar, sino de orquestar.

En ese punto es donde cobra sentido la propuesta que FETUR Nacional ha venido trabajando y que ha sido presentada ante el Congreso en diálogo con el Gino Segura. No como una iniciativa aislada, sino como un intento por traducir la conversación sobre soberanía de datos turísticos en una arquitectura institucional concreta que parte de una lógica clara. Antes de regular, es necesario articular capacidades de inteligencia turística en estados y municipios, justo donde el turismo ocurre y donde los datos se generan.

Desde esta perspectiva, la soberanía turística no se juega únicamente en el plano normativo. Se juega en la capacidad de los destinos para producir información comparable, confiable y accionable. Solo a partir de ahí puede pensarse en un marco legal que regule una actividad que ya está viva y ordenada, y no una abstracción difícil de aterrizar.

Esta conversación adquiere aún más relevancia en un contexto global donde muchas industrias avanzan hacia esquemas cada vez más automatizados. El turismo, en cambio, sigue dependiendo de la interacción humana, del encuentro, del servicio y del territorio vivido. Esa condición explica por qué los datos turísticos son especialmente sensibles y estratégicos, y por qué su gobernanza requiere una mirada distinta, más cercana al territorio y menos desligada de la operación real.

Hablar hoy de soberanía de datos turísticos implica, entonces, algo más sobrio que una declaración política. Implica reconocer que la inteligencia turística es una función pública que debe construirse desde el territorio hacia arriba. Que las estructuras estatales y municipales no son un paso intermedio, sino el punto de partida lógico. Y que cualquier legislación futura tendrá sentido únicamente si descansa sobre una arquitectura institucional que ya entiende aquello que pretende regular.

Más que replicar modelos, el reto está en leer procesos. Europa no comenzó por la ley, comenzó por la capacidad. En turismo, esa capacidad empieza en campo, en la articulación cotidiana de los datos y en la construcción de inteligencia que permita decidir mejor. Ahí es donde la soberanía deja de ser un concepto y se convierte en una práctica posible.