Por: Margarita Carbajal Carmona
Presidenta Fundadora FETUR Nacional

Durante décadas, la competitividad del turismo se ha medido por indicadores como el número de visitantes, la derrama económica, la ocupación hotelera o la conectividad aérea. Sin embargo, el entorno empresarial ha cambiado. Hoy, una empresa turística puede perder mucho más que una venta: puede perder su reputación, enfrentar sanciones regulatorias, ser víctima de un fraude digital o comprometer la continuidad de su operación por no haber identificado oportunamente un riesgo legal.

La transformación digital ha acelerado este cambio. Reservaciones en línea, plataformas de intermediación, pagos electrónicos, contratos digitales, inteligencia artificial, protección de datos personales y comercio transfronterizo forman parte de la operación cotidiana de miles de empresas turísticas. Cada avance tecnológico genera nuevas oportunidades, pero también nuevas responsabilidades.

En este contexto, la seguridad jurídica deja de ser un tema exclusivo de abogados. Se convierte en un componente de la competitividad empresarial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de justicia y resolver controversias legales que las grandes corporaciones. Los costos de los litigios, la complejidad regulatoria y la falta de asesoría especializada pueden traducirse en pérdidas económicas, interrupciones operativas e incluso en el cierre de empresas. Por ello, la OCDE considera que mejorar el acceso a la justicia fortalece la resiliencia y la productividad del sector empresarial.

Esta reflexión resulta especialmente relevante para el turismo mexicano. La mayor parte de la industria está integrada por pequeñas y medianas empresas: hoteles independientes, agencias de viajes, operadores turísticos, restaurantes, transportistas, guías y prestadores de servicios que todos los días celebran contratos, reciben pagos electrónicos, administran información de clientes y mantienen relaciones comerciales con múltiples proveedores y plataformas.

Muchas de estas empresas invierten constantemente en promoción, capacitación o tecnología, pero pocas incorporan la gestión preventiva de riesgos legales como parte de su estrategia de negocio.

Las consecuencias pueden ser importantes.

La OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) documentaron que las pequeñas y medianas empresas cuyos derechos de propiedad intelectual son vulnerados presentan un 34 % menos de probabilidades de supervivencia respecto de aquellas que no enfrentan este tipo de infracciones. El estudio concluye que el impacto no se limita a pérdidas económicas; también afecta la reputación, la capacidad de innovar y la competitividad de las empresas.

Al mismo tiempo, la digitalización ha incrementado la exposición al fraude. La OCDE identifica las estafas digitales como uno de los riesgos de mayor crecimiento para consumidores y empresas. Las modalidades evolucionan constantemente: suplantación de identidad, sitios web falsos, manipulación de pagos, phishing y otras prácticas que afectan la confianza en los mercados digitales. Para una empresa turística, un incidente de esta naturaleza puede representar cancelaciones, reclamaciones, pérdida de clientes y un daño reputacional difícil de revertir.

Por ello, la pregunta ya no es si una empresa enfrentará riesgos legales, sino qué tan preparada estará para prevenirlos.

La prevención jurídica no consiste únicamente en responder cuando surge un conflicto. Implica revisar contratos antes de firmarlos, proteger marcas y activos intangibles, cumplir con la normativa aplicable, fortalecer políticas de protección de datos personales, reducir contingencias laborales, establecer mecanismos adecuados de atención al consumidor y generar certeza en las relaciones comerciales.

En otras palabras, significa construir empresas más sólidas.

La propia OCDE, en OECD Tourism Trends and Policies 2026, sostiene que la competitividad del turismo depende también de un entorno institucional que facilite el desarrollo empresarial mediante mejores marcos regulatorios, reducción de cargas administrativas y condiciones que permitan a las empresas innovar con mayor certidumbre.

Bajo esa visión debe entenderse el convenio de colaboración suscrito entre la Federación de Empresarios Turísticos (FETUR) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

Más que un acto protocolario, representa el reconocimiento de que el fortalecimiento del turismo también requiere fortalecer a quienes lo hacen posible todos los días: las empresas.

La industria turística mexicana ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse a crisis económicas, fenómenos naturales, cambios tecnológicos e incluso a una pandemia global. El siguiente paso consiste en desarrollar una cultura empresarial donde la prevención jurídica forme parte de la estrategia de crecimiento y no únicamente de la solución de conflictos.

Porque una empresa competitiva no es únicamente la que vende más.

Es aquella que protege lo que ha construido, reduce sus riesgos, genera confianza y crea las condiciones para permanecer, crecer y trascender en un entorno cada vez más complejo.